La Diputación de Cáceres ha decidido interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anula el Reglamento Orgánico, aprobado por la Diputación el 9 de febrero de 2016, en lo referido a la regulación del personal directivo.
Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del equipo de Gobierno, Fernando García Nicolás, en rueda de prensa, donde ha manifestado la disconformidad ante la sentencia dictada por el TSJEx, por considerar que "se vulnera la autonomía local" y la potestad de estos entes de autogobernarse.
Por eso, ante esta "invasión", el equipo de Gobierno provincial se considera en la obligación de recurrir al Tribunal Supremo para la defensa de su autonomía. Según ha asegurado García Nicolás, un total de 15 diputaciones provinciales han manifestado su apoyo a la institución cacereña y han pedido que se presente el citado recurso, ya que "el 80% de las diputaciones tienen reglamentos orgánicos internos con las mismas circunstancias, pero nunca se ha judicializado, mientras que aquí en Cáceres, sí", ya que el PP recurrió el reglamento ante la justicia.
"Ante esto, se espera que el TS pueda aclarar el asunto y borrar todo tipo de dudas", subrayó el portavoz, que ha explicado que esta sentencia del TSJEx afectaría a dos directivos, concretamente al coordinador de Servicios Territoriales y al director del Área de Asesoramiento y Asistencia a municipios, ya que se trata de personal laboral que ha sido nombrado directivo, mientras que la normativa recoge que esos puestos deben ser ocupados por personal funcionario.
Así, mientras que el TSJEx considera que la potestad normativa de la Diputación no alcanza a establecer el régimen jurídico del personal directivo, que solo corresponde al Gobierno, estatal y autonómico, conforme al artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), desde el equipo de Gobierno se considera que "no se han aplicado correctamente" los artículos 13 del Texto Refundido del EBEP ni el 32 bis y el 85 bis de la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), en relación con el principio de autonomía local (artículos 137 y 140 de la CE y la potestad de autoorganización de los entes locales (art. 4.1.a LBRL).
Además, según ha manifestado García Nicolás, desde el equipo de Gobierno, se considera que "no se ha aplicado correctamente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la interpretación del principio de legalidad en el ámbito local".
Con la presentación de este recurso de casación, que ha sido registrado este lunes en el Tribunal Supremo, se paraliza la sentencia del Alto Tribunal extremeño y, en caso de que finalmente se ratificara ésta, la Diputación de Cáceres deberá o bien reestructurar su organigrama directivo, o que esos dos puestos afectados sean ocupados por personal funcionario.
