Los sindicatos CCOO y UGT de Extremadura han lamentado la "falta de voluntad" del Gobierno de Mariano Rajoy para aprobar la Declaración de Impacto Ambiental de la Mina de Aguablanca antes de que se cumpliera este jueves el plazo máximo acordado por la empresa para firmar los despidos de los trabajadores.
En concreto, este 30 de junio se cumple el plazo fijado entre los trabajadores de la explotación minera de Monesterio (Badajoz) y la empresa Río Narcea, filial de la internacional canadiense Lundin Mining, para hacer efectivos los despidos planteados en el Expediente de Regulación de Empleo.
De esta forma, este jueves se firmarán el despido de 110 trabajadores. Otros 21 ya se han rubricado, de modo que tan solo mantendrán su puesto 33 empleados en labores de mantenimiento hasta que se conozca una solución definitiva sobre la continuidad o cierre de la mina.
Cabe recordar que la empresa solicitó hace un año una nueva DIA para poder continuar su actividad en el subsuelo del yacimiento de Aguablanca. Los sindicatos esperaban que ésta se aprobara antes de la fecha fijada para que las empresas interesadas pudieran hacerse cargo de la actividad sin necesidad de hacer efectivos los despidos.
En una rueda de prensa en Mérida, los secretarios generales de UGT y CCOO en la región, Patrocinio Sánchez y Julián Carretero, han expuesto su malestar con la actuación del Gobierno central con respecto a este asunto, pero también reclaman un mayor interés por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para que la situación se resuelva lo antes posible, pese a que finalmente se hayan producido los despidos.
"Menos platós y más movilización para que la DIA esté cuanto antes", ha espetado Julián Carretero, en referencia a Fernández Vara, sobre quien además ha dicho que hay "muchos frentes abiertos" en la región "para estar pendiente de quién va a ser el próximo presidente del Gobierno".
"Eso --la investidura del presidente-- que lo resuelva quien realmente tiene esa responsabilidad y ha sido elegido para ello", ha subrayado Carretero, quien considera que Vara debe dedicarse a "gobernar los designios de Extremadura, que para eso ha sido elegido. Si no, que se dedique a otra cosa".
"LA DIA TIENE QUE ESTAR YA"
Carretero espera que no se produzca un "impass" en el tiempo "eterno" hasta que se resuelva la DIA. "La declaración tiene que estar ya", por lo que ha pedido al presidente de la Junta, a quien "tanto le gusta ponerse al frente de la comunidad política para pedir a Madrid, que lo haga", y en este sentido ha recordado que cuenta para ello con el apoyo de todos los grupos expresado en la Asamblea de Extremadura.
En cualquier caso, ha remarcado que "los únicos responsables" de que no haya DIA son Rajoy y Monago. Fundamentalmente, el presidente del Gobierno, que es quien tiene las competencias sobre los derechos de explotación de la mina, y por haber sido "incapaz" de sacar adelante la declaración ambiental.
Sobre el líder regional del PP, ha señalado que es "inaudito" que "la persona que durante sus cuatro años de mandato ha destruido más empleo y tejido productivo" en la región salga "ahora" como "si no fuera responsable de nada".
Asimismo, ha destacado que además de buscar fórmulas para garantizar la continuidad de la explotación, también es "importante" plantear "alternativas" a la actividad minera, que aunque se retome tiene fecha de caducidad, y que en todo caso no recuperará de forma "inmediata" los 400 empleos que sostenía ni los 17 millones de euros de impacto anual que dejaba en la comarca.
Sobre el despido de los trabajadores, Carretero ha subrayado que, "gracias a la movilización de los trabajadores" y tras un "duro conflicto", se han producido en unas "buenas condiciones".
Pese a ello, ha asegurado que los trabajadores son los únicos que han "pagado", porque la empresa "se lo ha llevado calentito", con "grandes beneficios" durante los años en los que la mina era rentable, así como el Gobierno, que ha cobrado un canon de explotación, e incluso los ayuntamientos que se han beneficiado de esta actividad por la vía de impuestos.
"EXTREMADURA NO LES INTERESA"
Por su parte, la secretaria general de UGT ha señalado que no encuentra "una explicación razonable" a que el Gobierno haya dejado pasar el plazo marcado para hacer efectivos los despidos de los trabajadores sin resolver una DIA que hubiera permitido la transferencia de derechos mineros y la compra por parte de otra empresa interesada en continuar con la actividad.
Así, Patrocinio Sánchez ha criticado la "falta de voluntad total y absoluta" de un Gobierno al que "Extremadura no les interesa absolutamente nada", cuando además, ha apuntado, los indicios con los que cuentan es que la DIA será finalmente favorable, por lo que no encuentra una explicación al retraso. "Si hubiera sido en otra comunidad que da más la lata con otro tipo de historias, hubiera salido".
PRESIONAR A FUENTECAPALA
Con respecto a la situación de la planta textil de Fuentecapala en Navalmoral de la Mata, Carretero también ha pedido mayor implicación parte de la Administración regional. "La Junta, como responsable de la política industrial de la región, debe hacer más en este caso. No he oído declaraciones políticas de envergadura ni de nivel planteando la solución", ha dicho el líder regional de CCOO, quien espera una mayor "presión" de la Administración regional hacia la propiedad de Fuentecapala.
Una empresa que atraviesa por un conflicto que según ha dicho empezó en 2010, y que ya entonces "apuntaba a deslocalización, destrucción de empleo y especulación de los terrenos". Hace seis años "se logró parar" gracias, según ha dicho, a la movilización de los trabajadores y a la intervención entonces de la Junta como autoridad laboral.
Un conflicto que volvió a abrirse en 2013, pero que la "inacción" del entonces presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, además de su "impericia, la permanente escondimiento de los problemas y conflictos laborales", provocaron el despido de 109 trabajadores y que 37 se quedarán en "peores condiciones".
"Ahora volvemos de nuevo a la carga con el cierre definitivo, con una alteración contable de la empresa elevando ficticiamente en sus balances el precio de los terrenos para especular con ellos". "Esta es la realidad de Fuentecapala", ha espetado Carretero.
