El Gobierno portugués ha presentado este martes una queja formal por la decisión de las autoridades españolas de construir el Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) porque considera que no se ha evaluado el impacto ambiental transfronterizo.
Almaraz se encuentra a unos 80 kilómetros de la frontera con Portugal y el peligro vendría por la posible contaminación de las aguas del río Tajo, a cuya orilla se encuentra la central. "La queja ha sido enviada hoy", ha informado una fuente del Ministerio de Ambiente portugués citada por la agencia de noticias portuguesa Lusa.
El pasado jueves ecologistas y representantes de distintos partidos políticos portugueses se manifestaron frente a la Embajada española en Lisboa en protesta por la instalación del almacén nuclear.
Entonces, una diputada del Partido Socialista de Portugal, Helena Roseta, denunció que estas instalaciones suponen "una clara violación de una directiva comunitaria", ya que Bruselas "obliga" a realizar un estudio del impacto ambiental transfronterizo en situaciones que afecten a los dos lados de la frontera.
Desde el Partido Ecologista-Los Verdes (PEV), Heloísa Apolónia ha respaldado la queja del Gobierno, pero argumenta que ésta debía haberse presentado "más pronto".
El ministro portugués de Medio Ambiente, Joao Matos, se reunió la semana pasada en Madrid con su homóloga española, Isabel García Tejerina, y tras el encuentro, pediría a la Comisión Europea que se pronunciara sobre el almacén, tras no alcanzar un acuerdo con España, país al que había pedido un informe sobre impacto transfronterizo del proyecto.
RESPETO
Tras el anuncio, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aseguró que respetaba la decisión del ministro portugués de Medio Ambiente de acudir a la Comisión Europea y esperaría la resolución de la UE.
"Respetamos la decisión de las autoridades portuguesas y esperaremos la decisión que tome la UE", indicaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Si bien, precisaron que desde esta cartera no tenían nada nuevo que añadir.
Por su parte, la Comisión Europea ya adelantó la pasada semana, cuando aún no había recibido la queja, que Bruselas la analizará "cuiudadosamente" y que, en caso de presentarse, pediría información a España para aclarar la situación.
"La Comisión está al tanto de las preocupaciones de las autoridades portuguesas. Hemos visto las informaciones en los medios y las declaraciones del ministro (portugués) sobre el encuentro bilateral que, aparentemente, no fue concluyente. Esperamos que el diálogo constructivo pueda continuar en esta materia", señalaba en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario para Medio Ambiente, Enrico Brivio.
Preguntado por sobre quién recae responsabilidad de elaborar un análisis de impacto, Brivio explicó que los análisis transfronterizos sólo son obligatorios si existe un "impacto significativo" sobre el medio ambiente o si está previsto que el almacén esté presente durante al menos 10 años y esté construido en un lugar diferente al de la central.
