La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ha destacado el importante papel que tienen en la sociedad las organizaciones que trabajan en contextos de prostitución y trata y ha señalado que en Extremadura, por primera vez, estas organizaciones pueden proceder a la acreditación de mujer víctima de trata o/y en contexto de prostitución.
“Por primera vez, la Junta de Extremadura, en colaboración con el Gobierno de España, va a poder otorgar la autoridad que tienen estas organizaciones para, con el IMEX, acreditar la condición de víctima de trata o prostitución”.
Todo ello, a raíz del Real Decreto-ley 6/2022 de medidas extraordinarias que el Gobierno de España ha puesto en marcha en respuesta a la guerra de Ucrania y que se ha materializado en la región en el Decreto-ley 2/2022, de 4 de mayo, de la Junta de Extremadura, validado hace 15 días en la Asamblea. El artículo siete de esta norma recoge la acreditación de la condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual.
La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ha realizado estas declaraciones este jueves en Badajoz, en la presentación de las diferentes fases del proceso iniciado por cuatro asociaciones relacionadas con la atención a mujeres víctimas de explotación sexual para elaborar un Libro Blanco sobre la situación de la trata en Extremadura que será un análisis fiable, detallado y concreto de los agentes claves que operan en Extremadura contra esta lacra social.
Representantes de esas cuatro entidades han participado también en la presentación para explicar cómo se abordará este proceso. Así, Gloria Angulo, de la asociación Malvaluna; Flor Fondón, de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX); Luciana Pinheiro, de APRAM, y Magdalena Gordo, de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), han realizado un repaso a las diferentes fases que permitirán contar con este estudio.
En concreto, las asociaciones recabarán y analizarán los datos que se faciliten desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la Delegación de Gobierno en Extremadura, las fiscalías provinciales y las fiscalías de menores, los grupos de extranjería de la Policía Nacional, la unidad orgánica de la Policía Judicial (EMUNE), los Colegios de Abogados de Badajoz y Cáceres y los interlocutores sociales en la lucha contra la trata de Policía Nacional y Guardia Civil.
El siguiente paso será el trabajo conjunto en este documento para contar con una radiografía precisa de la situación de la trata en la región, en concreto de las cifras de mujeres que están en el contexto de la prostitución; de los actores implicados y las dificultades a las que se enfrentan, además de permitir la recogida de propuestas de los estamentos implicados y la presentación a la opinión pública y a los poderes legislativos y políticos de las recomendaciones para afrontar la erradicación de la prostitución y de la trata de mujeres.
ENTIDADES PARTICIPANTES Y OTROS PROYECTOS
Las cuatro entidades participantes han trabajado en diferentes proyectos a partir de la aprobación del primer Plan extremeño de prevención y sensibilización contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual en 2017.
Así la asociación Malvaluna ha desarrollado el proyecto ‘Asteria’ basado en la formación especializada de profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con la atención a las víctimas a través de cursos.
Por su parte, ADHEX ha puesto en marcha ‘Zenobria’ centrado en el marco jurídico nacional, europeo e internacional de la trata y en la sensibilización focalizada a través de seminarios.
La ONGD MZC se ha centrado en las campañas de prevención y sensibilización sobre la trata, en la atención directa e integral a mujeres en contextos de prostitución y en la formación en esta materia a la Policía Nacional.
APRAM ha desarrollado talleres de sensibilización en centros educativos y en la Universidad sobre los efectos de la trata de mujeres con fines de explotación sexual y mujeres prostituidas.
